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PARA NO SER INDIFERENTES
La situación de Colombia ubica a los países fronterizos con este, en cierta vulnerabilidad, ante los acontecimientos de su conflicto interno. En Panamá no podemos ignorar esta situación, sobre todo las poblaciones indígenas que habitamos esta región fronteriza. En el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, resalta la caótica situación en la que viven las poblaciones indígenas en Colombia. En este sucinto recuento tomada de varias fuentes importantes queremos ilustrar la grave situación en que viven las 81 naciones indígenas. Toda esta serie de hechos se vino desarrollando dentro del marco de la ruptura definitiva del proceso de negociaciones entre el Gobierno del Presidente Pastrana y los grupos armados, el 20 de febrero del 2002 y poco después del secuestro por parte de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo) de un avión a bordo del cual iba el senador Jorge Gechem Turbay, así creció aún más la intensidad de las acciones violentas, muchas de ellas de un corte terrorista, tanto por parte de los grupos guerrilleros como por parte de los grupos paramilitares. Seguido con las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales
en mayo, respectivamente, en el que el Sr. Uribe, hoy presidente de Colombia,
había enfatizado, como un punto central de su programa, lo que
él denominó "una política de seguridad democrática"
basada, principalmente, en el enfrentamiento de la insurgencia con el
aparato militar del Estado. Llevando a la adopción y el desarrollo
de la política de seguridad por parte del nuevo Gobierno, que comenzó
su ejercicio el 7 de agosto; medidas adoptadas a raíz de la declaratoria
del estado de conmoción interior, agudizaron más la situación. Ante esta realidad las poblaciones indígenas seguimos siendo víctimas de violaciones a nuestros derechos civiles y políticos, en especial el derecho a la vida, así como de discriminación racial, intolerancia y exclusión social. Otro informe publicado por el servicio de Información Pública de la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones unidas para los refugiados) señala: 380 indígenas de la etnia Tule, que no hablan español, permanecen en peligro y han solicitado apoyo al ACNUR para reforzar sus valores culturales como forma de resistencia. El conflicto armado agrava aún más esta situación y amenaza, en consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos. Agravándose, además, por los problemas derivados del control que los grupos armados ilegales pretenden ejercer sobre sus territorios. Con frecuencia, sufriendo la imposición de bloqueos económicos, el control de alimentos y medicinas, y las restricciones de la circulación de personas, agravando así las precarias condiciones en las que ellos viven. La presencia de esos grupos en los territorios de estas comunidades vulnera, entre otros, el derecho a su autonomía, amenazando la gobernabilidad de sus autoridades y erosionando su identidad cultural. En este contexto de violencia, indígenas y afrocolombianos -en particular sus líderes- siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, y desplazamiento y reclutamiento forzoso, lo que pone en peligro su existencia como grupo étnico, así como su supervivencia cultural. Entre las violaciones atribuidas a las AUC está el homicidio de María Fabiola Largo Cano, líder del grupo étnico embera chami, el 9 de abril del 2002, en el municipio de Ríosucio (Caldas), la masacre de cuatro indígenas, en Gualandanay, municipio de Corinto, en marzo, y la desaparición de tres indígenas del pueblo Cofán (Putumayo), en agosto. Entre las ejecuciones figuran la de un indígena en Puracé (Cauca), en octubre, y la de un joven en Lloró (Chocó), en abril, atribuidas al Ejército, y la de un raizal en Providencia (San Andrés), en abril, atribuida a la Policía. Entre las masacres donde se atribuyó responsabilidad estatal por un comportamiento tolerante, de apoyo o de complicidad de miembros de la fuerza pública se destacan las perpetradas en Corinto en marzo y junio, y en el Limón el 31 de agosto, contra indígenas wiwas. Y recientemente el caso del asesinato de cuatro lideres del Kuna de Panamá, el 18 de enero de 2003. Otra de nuestras mayores preocupaciones es que en Colombia los diferentes grupos armados, guerrilla y paramilitares, continúan incorporando a menores de 18 años en sus filas. En ocasiones la amenaza de reclutamiento provocó el desplazamiento de las familias. La Oficina del Alto Comisionado fue informada de que, el 3 de agosto, integrantes del ELN (Ejercito de Liberación Nacional) se llevaron consigo a 22 jóvenes del corregimiento de Altamira, La Vega (Cauca) para integrarlos en sus cuadros combatientes. En agosto, el anuncio hecho por las FARC-EP de la obligación de reclutamiento para los mayores de 12 años provocó el desplazamiento de 60 familias en el municipio de Cunday (Tolima). Se registró igualmente la obligación impuesta por grupos paramilitares de un servicio militar obligatorio para los menores de edad. También se denunció el creciente reclutamiento forzoso por los grupos armados ilegales de menores refugiados en las zonas fronterizas de Panamá, Ecuador y Venezuela. Y muy recientemente el parlamentario Efrén Tarapués denunció el reclutamiento forzoso de jóvenes indígenas al servicio militar en mas de 10 resguardos, violando lo consagrado por el artículo 27, literal b, de la ley 48 de 1993, que exime a las poblaciones indigenas a prestar ese servicio en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado recibió también testimonios acerca de niñas víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de grupos guerrilleros y paramilitares. La situación de las organizaciones de mujeres se ha visto agravada este año debido a las amenazas contra la vida y la integridad personal, a los homicidios selectivos y al desplazamiento cuya autoría se imputó a grupos armados ilegales. Algunas organizaciones fueron amenazadas por defender los derechos de las mujeres, en particular aquellos de las mujeres campesinas, afrocolombianas, indígenas y desplazadas. Tal fue el caso de la OFP, de la Asociación Nacional de mujeres campesinas, indígenas y negras de Colombia (ANMUCIC) y de la Liga de mujeres desplazadas de Bolívar. Recogemos todas estas informaciones con el propósito de ilustrar a todas y todos sobre la realidad que esta viviendo nuestros hermanos indígenas en Colombia y la importancia de no ser indiferente ante esta realidad que nos atañe a todos y todas. Fuentes |